Por Carlos E. López Castro
La palabra peste significa: enfermedad contagiosa y grave que produce mucha mortandad. Hedor, olor intenso y fétido. Cualquier enfermedad mortal. Excesiva abundancia de cosas consideradas negativas. Y parece que todo lo anterior fuera sinónimo de “ley 100”, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, ley que ha causado la mortandad en pacientes, iliquidez para trabajadores de la salud y hospitales que han sufrido las inclemencias de un aberrante negocio corrupto que antes era un derecho fundamental: la salud.
Pasaron 18 años en Colombia para conocer las desventajas de esa Ley aprobada en 1993, que desde el principio mostró mala atención, negación de medicamentos y tratamientos, falta de garantías laborales de médicos y empleados, aumento de tutelas y paseos de la muerte. Tantos años de inequidad y corrupción para que el país conociera que las únicas que han recibido beneficio lucrativo (a costa del detrimento de la salud de los colombianos) han sido algunas Empresas Promotoras de Salud, EPS, otra peste y dolor de cabeza mortal para pacientes, médicos y empleados de la salud.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino a la EPS Saludcoop, por el aumento de su cartera vencida y por recobros y sobrecostos fraudulentos al Fondo de Solidaridad y Garantías, FOSYGA, por 42 mil millones de pesos. Un informe de la Superintendencia dice que: “en la visita de inspección hecha del 14 al 18 de marzo pasados, encontró que Saludcoop giró 8.013 cheques por un valor superior a 266 mil millones de pesos, pero ese dinero no ha sido recibido por los proveedores”. Dicho cartel -palabra utilizada en el informe- tiene como fin “negar la prestación de los servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSYGA (no POS), vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”. De esta manera el sistema de salud pagaba dos veces el mismo tratamiento.
Algunas EPS han crecido tanto como negocio que Coomeva, que ya tiene banco propio, ha crecido 26 veces más. Saludcoop 200 veces. Y Salud Total, 82 veces. Esto en tan solo 12 años.
Saludcoop se convirtió en la empresa aseguradora de salud más grande del país, cuenta con casi cuatro millones de afiliados y, junto con las EPS Cafesalud y Cruz Blanca, del mismo grupo, manejan el 30 por ciento del mercado de aseguramiento de la salud. El negocio de Saludcoop además cuenta con una cooperativa de trabajo “Serviactiva” la cual suministra el personal de servicios generales, y que le descuenta una porción del salario a los trabajadores dejándole una mayor ganancia a la EPS.
Además de los servicios generales, los médicos, especialistas, vigilantes, call center, abogados, son contratados por empresas pertenecientes a Saludcoop y como cooperativa debe destinar parte de sus ingresos a la educación, pasando sus utilidades al Colegio “Los Pinos” de Bogotá, del cual también es dueño Saludcoop.
Es importante recordar que Saludcoop aportó a la campaña a la presidencia de Uribe, 50 millones de pesos. Todas las denuncias de varias EPS venían desde hace varios años, según un estudio en 2009 de la Universidad Nacional, en artículos periodísticos de Daniel Coronell y debates del senador Jorge Robledo, además de organizaciones de médicos y de defensores de la salud.
Por todo lo anterior, es urgente una reforma o abolición de la ley 100 que haga de la salud el derecho fundamental que debería ser y no la peste de corrupción, el tráfico de las necesidades de los colombianos que enriquece el bolsillo de algunas EPS.
Pasaron 18 años en Colombia para conocer las desventajas de esa Ley aprobada en 1993, que desde el principio mostró mala atención, negación de medicamentos y tratamientos, falta de garantías laborales de médicos y empleados, aumento de tutelas y paseos de la muerte. Tantos años de inequidad y corrupción para que el país conociera que las únicas que han recibido beneficio lucrativo (a costa del detrimento de la salud de los colombianos) han sido algunas Empresas Promotoras de Salud, EPS, otra peste y dolor de cabeza mortal para pacientes, médicos y empleados de la salud.
La Superintendencia Nacional de Salud intervino a la EPS Saludcoop, por el aumento de su cartera vencida y por recobros y sobrecostos fraudulentos al Fondo de Solidaridad y Garantías, FOSYGA, por 42 mil millones de pesos. Un informe de la Superintendencia dice que: “en la visita de inspección hecha del 14 al 18 de marzo pasados, encontró que Saludcoop giró 8.013 cheques por un valor superior a 266 mil millones de pesos, pero ese dinero no ha sido recibido por los proveedores”. Dicho cartel -palabra utilizada en el informe- tiene como fin “negar la prestación de los servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSYGA (no POS), vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”. De esta manera el sistema de salud pagaba dos veces el mismo tratamiento.
Algunas EPS han crecido tanto como negocio que Coomeva, que ya tiene banco propio, ha crecido 26 veces más. Saludcoop 200 veces. Y Salud Total, 82 veces. Esto en tan solo 12 años.
Saludcoop se convirtió en la empresa aseguradora de salud más grande del país, cuenta con casi cuatro millones de afiliados y, junto con las EPS Cafesalud y Cruz Blanca, del mismo grupo, manejan el 30 por ciento del mercado de aseguramiento de la salud. El negocio de Saludcoop además cuenta con una cooperativa de trabajo “Serviactiva” la cual suministra el personal de servicios generales, y que le descuenta una porción del salario a los trabajadores dejándole una mayor ganancia a la EPS.
Además de los servicios generales, los médicos, especialistas, vigilantes, call center, abogados, son contratados por empresas pertenecientes a Saludcoop y como cooperativa debe destinar parte de sus ingresos a la educación, pasando sus utilidades al Colegio “Los Pinos” de Bogotá, del cual también es dueño Saludcoop.
Es importante recordar que Saludcoop aportó a la campaña a la presidencia de Uribe, 50 millones de pesos. Todas las denuncias de varias EPS venían desde hace varios años, según un estudio en 2009 de la Universidad Nacional, en artículos periodísticos de Daniel Coronell y debates del senador Jorge Robledo, además de organizaciones de médicos y de defensores de la salud.
Por todo lo anterior, es urgente una reforma o abolición de la ley 100 que haga de la salud el derecho fundamental que debería ser y no la peste de corrupción, el tráfico de las necesidades de los colombianos que enriquece el bolsillo de algunas EPS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario